Las cloacas del PSOE vigilaron a jueces de Badajoz en un café y pidieron tumbar a Luzón

Las cloacas del PSOE no se limitaron a filtrar papeles. Fotografiaron a magistrados de Badajoz mientras tomaban café y un abogado retribuido por Ferraz admitió presuntamente ante Santiago Pedraz haber escrito que «hay que acabar con Alejandro Luzón». El blanco eran quienes investigaban al entorno de Pedro Sánchez.

Seguimiento a los jueces de Badajoz en el descanso

OKDiario ha difundido imágenes incorporadas a una denuncia ante la Fiscalía General y otras ocho instituciones. En una cafetería aparecen Emilio García Cancho, María Félix Tena Aragón y Domingo Bujalance Tejero. El escrito sostenía que «entre los jueces de instrucción de Badajoz y la presidenta del Tribunal Superior de Extremadura existe una relación más que íntima». Santos Cerdán encargó presuntamente a Leire Díez atajar las causas que afectaban al partido y al presidente. Recurrieron a condenados de la zona y, al no colocar el material en tribunales ni en medios, lo lanzaron presuntamente en redes.

La campaña contra la instructora de David Sánchez

Uno de los objetivos era presuntamente Beatriz Biedma, que sentó en el banquillo al hermano del presidente. El exjuez Luis Sáenz de Tejada —con un grupo de WhatsApp con Díez— dedicó más de 28 horas en YouTube a presuntamente atacarla e intentó personarse para apartarla. La magistrada denuncia que esa misma red contactó presuntamente con narcotraficantes para desacreditarla. Quien predica independencia judicial organizaba, desde Ferraz, el desgaste de quien no se plegaba.

Las cloacas del PSOE y el mensaje contra Luzón

Ismael Oliver, que defendió a Koldo García y cobró presuntamente 27.225 euros por una sociedad suya con el visto bueno de Cerdán, reconoció el mensaje contra el fiscal jefe de Anticorrupción y lo tildó de «desafortunado». También escribió: «Esta se vende. Debemos saber comprar también» y «Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una puta vez o les van a joder la vida». Negó influir en Fiscalía o UCO. La pregunta sigue en pie: ¿Quién vigila al poder cuando el partido paga la ofensiva contra jueces y fiscales?

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