Detalles del texto aprobado y requisitos previstos para la solicitud
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados dio este jueves el visto bueno al dictamen de una proposición de ley impulsada por Sumar. La norma contempla que quienes nacieron en el Sáhara Occidental con anterioridad al 29 de septiembre de 1977, (entonces cualquiera sea la fecha), junto con sus descendientes, puedan obtener la nacionalidad española. El acceso se permitiría incluso en aquellos casos en los que no exista residencia legal en territorio español.
Según los cálculos facilitados por Sumar, la medida podría alcanzar a unas 80.000 personas. El texto incorpora nuevas enmiendas de carácter transaccional presentadas durante la sesión. La solicitud de nacionalidad debería formalizarse en un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor de la ley. Ese plazo comenzaría a computarse seis meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado y podría ampliarse en un año adicional si así lo decide el Ministerio de Justicia.
Entre los documentos que servirían para acreditar el derecho figuran el documento nacional de identidad español, aunque no se encuentre en vigor; el recibo de inscripción en el censo elaborado para el referéndum del Sáhara Occidental emitido por la Organización de las Naciones Unidas; el certificado de nacimiento; el libro de familia; el certificado de escolarización; justificantes de pensiones de jubilación; el permiso de conducir español, o certificados de hospitalización y de asistencia médica, entre otros posibles.
La proposición de ley permaneció más de doce meses sin avanzar en la Cámara. Desde el mes de abril, Sumar impulsó su reactivación mediante la presentación de un conjunto de enmiendas transaccionales dirigidas a los grupos progresistas, incluido el PSOE. Durante el mes de junio, las formaciones que integran el Ejecutivo de coalición coincidieron en una serie de modificaciones de la redacción inicial. Esas modificaciones recibieron el aval de la ponencia el 30 de junio con el respaldo de los socios de la izquierda, mientras Junts se abstuvo en aquella fase.
Posiciones de los grupos parlamentarios durante la votación del dictamen
El dictamen salió adelante. El Partido Popular y Junts optaron por la abstención, mientras que Vox emitió un voto en contra. El PP, que en una fase anterior había rechazado el informe de la ponencia, manifestó este jueves su conformidad con el objetivo general de la proposición. Como siempre, el apoyo del PP al PSOE o su abstención da alas al gobierno deliberadamente. Al mismo tiempo, el grupo popular criticó la ausencia de transparencia y de rigor jurídico en el texto, así como el cambio de orientación del Gobierno respecto al Sáhara Occidental tras su respaldo al plan de autonomía propuesto por Marruecos.
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Junts, que también se abstuvo, negarse podría poner en conflicto sus intereses, reprochó al Ejecutivo la celeridad con la que se pretendía activar la norma en este momento y reclamó un mayor espacio de reflexión y de diálogo entre las formaciones. Vox mantuvo su oposición y afirmó que el Gobierno estaría concediendo nacionalidades españolas de manera indiscriminada. Además, el grupo discrepó de la vía jurídica elegida, consistente en la concesión por carta de naturaleza.
La sesión de la comisión se celebró en un contexto en el que julio y agosto resultan inhábiles a efectos de la actividad parlamentaria ordinaria. Por ese motivo, el Ministerio de Justicia solicitó a la Mesa del Congreso la habilitación del mes de julio para permitir la continuidad de los trámites. La pretensión inicial de Sumar consistía en que el debate en comisión tuviera lugar el 14 de julio y que el texto pudiera elevarse al Pleno en la misma jornada del jueves. Al haberse convocado finalmente la comisión para este jueves, el paso al Pleno queda aplazado hasta la primera sesión ordinaria del mes de septiembre. Posteriormente, la iniciativa debería continuar su recorrido en el Senado.
Calendario previsto y antecedentes de la tramitación parlamentaria
La proposición de ley de Sumar se orienta de manera específica a las personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de la fecha indicada y a quienes descienden de ellas. El texto no exige la residencia legal en España como condición previa para iniciar el procedimiento. Una vez que entre en vigor, tras su eventual aprobación definitiva y la publicación correspondiente, se abrirá el periodo de tres años para presentar las solicitudes, con la posibilidad de prórroga mencionada.
Los grupos que respaldaron el dictamen permitieron que la iniciativa superara este trámite intermedio. La abstención del PP y de Junts resultó determinante para que el texto avanzara sin necesidad de un rechazo mayoritario. Vox, por su parte, reiteró su desacuerdo tanto con el fondo como con la técnica legislativa empleada.
La iniciativa había permanecido paralizada durante más de un año en el Congreso. La reactivación se produjo a partir de abril, cuando Sumar comenzó a circular propuestas de enmiendas destinadas a reunir apoyos. El acercamiento entre las formaciones del Gobierno de coalición en junio facilitó el acuerdo sobre los cambios que después fueron ratificados en la ponencia. Con el dictamen ya aprobado, el siguiente eslabón del procedimiento legislativo se sitúa en el Pleno de la Cámara Baja, previsto para el periodo de sesiones que arranca en septiembre, y, en su caso, en el Senado.
El conjunto de documentos admisibles para acreditar la vinculación histórica con el territorio bajo administración española en el periodo anterior a 1977 ofrece diversas vías de prueba. Entre ellas se incluyen tanto registros oficiales españoles como certificados vinculados a procesos internacionales, como el censo de la ONU para el referéndum. La norma contempla, además, la posibilidad de que el Ministerio de Justicia amplíe el plazo ordinario de presentación de solicitudes si lo considera oportuno.
Con la aprobación del dictamen, la proposición de ley queda en condiciones de ser debatida y votada en el Pleno del Congreso una vez se reanude la actividad ordinaria tras el paréntesis estival. El recorrido completo incluye todavía el trámite en la Cámara Alta antes de que, en su caso, la norma pueda publicarse y comenzar a desplegar efectos.
Sefardíes en Turquía sin acceso a la ley de nietos española en un entorno antiisraelí
En Estambul reside más del 90 % de los cerca de 15.000 judíos registrados en Turquía. La palabra ladino “kayades” (callados) describe la actitud adoptada por muchos sefardíes en momentos de tensión: reducir la visibilidad pública para evitar convertirse en objetivo de crisis ajenas. Karen Gerson Şarhon, coordinadora del Sentro Sefaradi de Estambul y una de las últimas hablantes fluidas de ladino, reconoce que desde 2023 la incomodidad ha aumentado. Ante la nueva regulación española, afirma que “esto es más triste”. Otras fuentes consultadas prefirieron no pronunciarse o dijeron desconocer la norma.
La presencia judía en Anatolia precede a 1492. Comunidades romaniotas existían ya en Constantinopla. La llegada de expulsados de Castilla, Aragón y Portugal consolidó núcleos sefardíes en Estambul, Esmirna, Edirne y Salónica, donde se conservaron el ladino y las instituciones. Barrios como Balat, Karaköy y Galata aún conservan esa huella.
Nacionalidad española: puertas cerradas y salida residual
La Ley 12/2015 permitió a sefardíes obtener la nacionalidad entre 2015 y 2019. Se concedieron más de 73.000, de las que 1.034 correspondieron a solicitantes de origen turco. Muchos prefirieron Portugal por no exigir examen de idioma. Los motivos eran prácticos: movilidad europea y una posible vía de escape.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 (ley de nietos), vigente hasta octubre de 2025, exige ascendencia española reciente vinculada al siglo XX. La expulsión de 1492 queda fuera. Solo quien tuviera padre o abuelo español reciente podía acogerse. Queda la vía ordinaria de dos años de residencia legal, que obliga a trasladarse a España, opción poco viable para una población envejecida. En el contexto actual, un pasaporte europeo representa sobre todo una salida de emergencia.
