La Dirección General de Tráfico ha confirmado el cambio en los semáforos que modificará por primera vez en casi cien años la forma en que se regulan los cruces. La medida se incorporará en breve al Reglamento General de Circulación y afectará a todos los usuarios de calles y carreteras. El objetivo prioritario es reducir situaciones de riesgo para quienes circulan a pie, en bicicleta o en moto.
Origen histórico de los semáforos en España
El primer semáforo de la capital se instaló en 1926 en la Gran Vía de Madrid, en el cruce con la calle Alcalá. Aquel dispositivo se manejaba de forma manual y solo disponía de dos luces: verde y rojo. Durante las décadas de 1930 y 1940 se incorporó el color ámbar o amarillo. Esta tercera luz avisaba de que el paso del verde al rojo era inminente y buscaba mejorar la seguridad en las intersecciones. Desde entonces, el sistema apenas había experimentado modificaciones relevantes hasta fechas recientes, cuando en algunos puntos se comenzó a limitar el uso de la luz ámbar en determinadas posiciones por el peligro que generaba para los peatones.
El vídeo viral muestra cómo intenta destrozar un semáforo y es reducido por la Policía Nacional recibiendo ‘paloterapia’. Míralo aquí.
En qué consiste el cambio de semáforos
A partir del 1 de octubre desaparecerá una configuración concreta que aún se mantiene en muchos cruces. Se trata de la posición en la que el semáforo muestra ámbar intermitente para los conductores mientras los peatones disponen de luz verde. En esa situación, los peatones ven la figura del caminante en verde y pueden cruzar, mientras los conductores observan el círculo ámbar, lo que les permite avanzar con precaución, aunque se recomienda detenerse siempre que sea posible. Según la información disponible, “esta combinación de colores crea situaciones de riesgo”, por lo que se ha decidido eliminarla. España actúa de la misma forma que otros países para proteger a los usuarios vulnerables. La DGT ha denominado así a “los peatones, los ciclistas y los motoristas”.
Multas de hasta 750 euros por esto en zonas de playa en España, una práctica habitual en otros países europeos según la normativa vigente.
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