Emirlendris Benítez, de comerciante a símbolo de los presos políticos en Venezuela, ésta es su historia.
El viaje que cambió todo una madrugada de agosto
Era una mujer dedicada a su negocio de ropa, calzado y cosméticos en Barquisimeto. Madre de familia y con un embarazo de cuatro meses, Emirlendris Benítez llevaba una existencia lejos de la política. El 5 de agosto de 2018, al alba, aceptó subir a un automóvil junto a su pareja, Yolmer Escalona, y otras dos personas. El destino era Acarigua. Según relatos posteriores, ella desconocía el contexto completo del trayecto y la identidad exacta de los ocupantes traseros.
Ese mismo día, en Caracas, se registró un incidente con drones durante un acto militar presidido por Nicolás Maduro, presentado por las autoridades como un intento de atentado. Horas más tarde, en la autopista José Antonio Páez, un control policial detuvo el vehículo. Todos fueron trasladados. Benítez quedó vinculada al expediente. Su defensa sostuvo desde el primer momento que no existían pruebas directas de su participación y que su presencia en el auto, junto a una posible identificación errónea, bastó para incorporarla a la causa. Las autoridades, en cambio, la asociaron al grupo señalado.
Los años de reclusión, las denuncias y el deterioro físico
En los días siguientes, según afirmaciones de su entorno, su defensa y organismos de derechos humanos, Benítez habría sido sometida a malos tratos mientras permanecía embarazada: golpes, métodos de asfixia con bolsa plástica y sumersión de la cabeza en agua, además de un impacto en el dedo gordo del pie derecho. Ella negó siempre cualquier implicación. Semanas después, bajo custodia, fue llevada a un centro médico y, de acuerdo con las denuncias, su embarazo se interrumpió sin su conocimiento ni consentimiento.
El 21 de septiembre de 2018 fue imputada por delitos que incluían presuntamente terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado frustrado. Permaneció privada de libertad. Con el tiempo, las secuelas se agravaron: problemas severos de columna, dolor crónico, daño neurológico y parálisis parcial la obligaron a desplazarse en silla de ruedas. Su familia debió proveer agua, alimentos y medicinas, mientras denunciaba retrasos en la atención médica y episodios de descompensación.
En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar. En 2022, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria calificó su arresto de arbitrario y reclamó su liberación inmediata. Pese a ello, el 4 de agosto de 2022 recibió una condena de 30 años por cargos vinculados al incidente de los drones. Organizaciones y abogados insistieron en la ausencia de evidencias individualizadas
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El regreso a la libertad y el reencuentro familiar
Este viernes, Emirlendris Benítez recuperó la libertad en el marco de la Ley de Amnistía, junto a otros 130 presos políticos. Su salida, celebrada junto a su familia, reabrió el relato de una detención que organismos internacionales cuestionaron durante años. En silla de ruedas, abrazó a los suyos. La historia de la comerciante que un día aceptó un viaje y terminó enfrentando casi una década de reclusión, denuncias de torturas y la pérdida de un embarazo vuelve ahora al centro de la atención pública como uno de los casos más mencionados entre las reclamaciones por presos políticos en Venezuela.
