La trama navarra: claves y protagonistas
La conocida como trama navarra se ha convertido en uno de los casos más sensibles del panorama político nacional. La investigación, que avanza en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, apunta a un entramado empresarial y político que habría operado desde Navarra para influir en adjudicaciones públicas, canalizar comisiones y favorecer negociaciones políticas de alto nivel. En el centro de la red se sitúan los nombres de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y el empresario Joseba Antxón Alonso, propietario de la firma Servinabar 2000.
Un origen empresarial: Servinabar 2000 y la figura de Antxón Alonso
La trama tiene su raíz en Navarra y en una empresa aparentemente menor: Servinabar 2000 S.L. Fundada en 2015, su objeto social inicial se limitaba a servicios administrativos, pero con el paso de los años mutó hacia la construcción y la obra pública, logrando adjudicaciones por millones de euros, muchas de ellas en colaboración con grandes constructoras, especialmente Acciona, a través de UTEs.
El administrador de la empresa, Joseba Antxón Alonso, es un empresario vasco con cerca de 20 cargos en más de una docena de sociedades en Navarra y el País Vasco. Su actividad se ha movido entre la construcción, la minería, el vending y servicios diversos. La UCO lo sitúa como pieza instrumental en la red de adjudicaciones irregulares y comisiones.
La conexión con Santos Cerdán
El nombre de Santos Cerdán emergió cuando la UCO halló un documento privado según el cual el dirigente socialista habría adquirido el 45 % de Servinabar por 6.000 euros. La empresa lo niega, Cerdán también, pero el documento ha sido incorporado a la causa.
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La Guardia Civil también ha detectado el uso por parte de Cerdán, su esposa e hija, de una tarjeta bancaria vinculada a empresas de la trama, con gastos personales que nada tendrían que ver con actividades profesionales. A ello se suma el pago presuntamente irregular del alquiler de un inmueble en Madrid por parte de Servinabar.
La investigación apunta a que Cerdán habría actuado como intermediario político, facilitando contactos con ministerios y cargos públicos —especialmente durante la etapa de José Luis Ábalos en Transportes— para influir en contratos de obra pública.
Adjudicaciones sospechosas y comisiones del “2 %”
Según los informes de la UCO, Servinabar habría recibido un porcentaje fijo —alrededor del 2 %— de determinadas adjudicaciones públicas gestionadas por constructoras con las que trabajaba. Se investiga si estos pagos eran mordidas disfrazadas de servicios técnicos inexistentes.
Uno de los contratos bajo la lupa es la duplicación del túnel de Belate, un proyecto millonario adjudicado en Navarra. La Oficina Anticorrupción navarra llegó a calificar esa adjudicación como “irregular y nula”, citando vínculos personales y movimientos financieros sospechosos entre los implicados.
Durante un registro en la vivienda de Antxón Alonso, los agentes encontraron miles de euros en efectivo, varios dispositivos electrónicos y documentación considerada clave.
Del negocio a la política: Otegi, Cerdán y las reuniones discretas
La dimensión del caso supera lo económico y alcanza la esfera política. Informaciones periodísticas sitúan a Antxón Alonso como intermediario entre Santos Cerdán y líderes de formaciones como EH Bildu y el PNV. Según estas revelaciones, su labor habría consistido en allanar reuniones discretas entre Arnaldo Otegi y Cerdán en momentos clave de la política nacional, como la moción de censura de 2018 o negociaciones presupuestarias recientes.
Estas informaciones han alimentado un fuerte choque político:
El Partido Popular denuncia un “pacto encapuchado” que mezclaba negociaciones políticas y beneficios económicos.
El PSOE insiste en su “tolerancia cero” con la corrupción y rechaza cualquier connivencia.
Aunque estas reuniones no forman parte directa del núcleo económico de la trama, sí dibujan un escenario de relaciones opacas donde intereses empresariales y acuerdos políticos se entrecruzan.
Los delitos investigados
La investigación, aún en curso, analiza posibles delitos de:
Cohecho
Tráfico de influencias
Organización criminal
Fraude en la contratación pública
Blanqueo de capitales
Los investigadores también examinan el papel de familiares de Cerdán, que habrían cobrado sueldos o beneficios a través de sociedades del entramado.
Las defensas: “Todo es legal”
Los implicados rechazan las acusaciones:
Servinabar afirma que Cerdán “no ha sido nunca socio”, que sus contratos fueron regulares y que los pagos y movimientos detectados se ajustan a la ley.
Cerdán niega cualquier beneficio irregular y denuncia una lectura interesada de documentos y audios filtrados.
Las defensas insisten en que la causa está “inflada políticamente” y piden prudencia mientras no haya conclusiones judiciales.
Una investigación con recorrido y consecuencias abiertas
La trama navarra combina adjudicaciones millonarias, empresas opacas, mediación política y dirigentes de primer nivel, lo que la convierte en uno de los casos más sensibles para la política española reciente.
Las próximas fases judiciales serán decisivas para determinar:
si existió realmente un sistema organizado de comisiones,
si Cerdán y su entorno participaron en él,
y hasta dónde alcanzan las responsabilidades políticas.
Por ahora, el caso sigue creciendo, alimentado por nuevas diligencias, filtraciones y un clima político que observa con atención cada movimiento judicial.
Sánchez resiste: por qué y a qué teme realmente
La dimensión política del caso es tan delicada que el presidente Pedro Sánchez ha optado por una estrategia clara: resistir, no ceder terreno y proteger la estabilidad del Gobierno. Sus portavoces insisten en que se trata de una “investigación sin conclusiones” y que él mantiene una “tolerancia cero” con la corrupción.
Sin embargo, detrás de esta resistencia hay tres miedos muy concretos:
1. El miedo a que la trama alcance “La Moncloa por vía política”
Cerdán no es un dirigente cualquiera.
Es uno de los hombres más próximos a Sánchez, arquitecto de pactos con partidos clave y figura imprescindible en la etapa del Gobierno multipartidista.
Si se demostrara que Cerdán participó en un sistema de comisiones o influencias:
se cuestionaría la integridad de las negociaciones políticas que sostuvieron al Ejecutivo,
y se alimentaría la narrativa de que el sanchismo se apoyó en redes opacas.
2. El miedo a una erosión interna en el PSOE
El caso alimenta tensiones internas, especialmente en federaciones críticas.
Una imputación formal contra Cerdán podría:
desenterrar batallas orgánicas,
debilitar el liderazgo del presidente,
y abrir grietas en un partido que ha sido clave para su supervivencia política.
3. El miedo a una conexión económica que cambie el escenario judicial
Aunque por ahora no hay indicios directos contra Sánchez, su principal temor es que:
aparezca documentación,
testificales,
o movimientos financieros que vinculen indirectamente decisiones políticas de su Gobierno con beneficios empresariales de la trama.
Esto no supondría necesariamente implicación penal, pero sí un golpe devastador a su legitimidad.
