La trágica muerte de Sandra Peña, una menor de 14 años de Sevilla, ha desatado una ola de consternación y ha puesto el foco en la gestión del acoso escolar en los centros educativos. La familia de la joven ha alzado la voz, denunciando públicamente que el colegio estaba al tanto de la situación de bullying que padecía Sandra, pero que "no pusieron los medios necesarios" para frenarlo.
El dolor y la denuncia de la familia
En declaraciones recientes, la familia de Sandra ha expresado su profundo dolor y su firme convicción de que la inacción contribuyó al desenlace fatal. Subrayan la impotencia al ver que, a pesar de los protocolos existentes, el acoso no pudo ser detenido.
La madre de la menor, visiblemente afectada, relató que su hija tenía "25.000 planes, [era] deportista, jugaba al fútbol... su Betis", y expresó el deseo de que la muerte de Sandra sea la última.
"Estas cosas hay que hacerlas visibles", ha manifestado la familia, buscando concienciar sobre la urgencia de actuar contra el bullying de manera efectiva.
Intervención de la Junta de Andalucía y la vía judicial
Ante la gravedad de los hechos y la denuncia de la familia, la Junta de Andalucía ha decidido tomar cartas en el asunto.
El caso ha sido trasladado a la Fiscalía: las autoridades han elevado la situación al Ministerio Público para que se investigue a fondo si hubo algún tipo de negligencia o incumplimiento en los protocolos de actuación contra el acoso escolar por parte del centro educativo.
Esta medida busca esclarecer la responsabilidad del colegio y determinar si se siguieron correctamente los procedimientos establecidos para proteger a la menor de las situaciones de hostigamiento denunciadas.
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La comunidad educativa y la sociedad esperan ahora que la investigación judicial arroje luz sobre los hechos y se refuercen las medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en todos los centros escolares.
