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Piden 13 años de cárcel a Begoña Gómez y que Sánchez declare
La acusación popular reduce a 13 años de prisión su petición y exige que Pedro Sánchez declare como testigo por malversación y tráfico de influencias.
Los indicios que la Audiencia considera verosímiles
Los magistrados de la Audiencia de Madrid no se limitaron a confirmar el cauce del jurado. Dejaron por escrito una valoración que pesa sobre la estrategia de la defensa. Consideraron “perfectamente verosímil” que Gómez hubiera desplegado su influjo desde la posición de esposa del presidente para obtener la cátedra de forma casi inmediata y sin los controles mínimos exigibles. Esa afirmación, contenida en la resolución que avala el juicio, constituye el núcleo de la acusación de tráfico de influencias.
Paralelamente, la Universidad Complutense ha reclamado la devolución de más de 100.000 euros por el presunto delito de malversación, una petición que se suma a la de la acusación popular. El procedimiento, que en su origen contemplaba cuatro delitos, se ha acotado a los dos que ahora se mantienen: tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía, por su parte, ha mantenido una postura favorable al archivo en fases anteriores, lo que genera un contraste evidente con las acusaciones particulares y con el criterio de la Audiencia.
Este contraste alimenta el debate público. Mientras desde el Ejecutivo se habla de “lawfare” y de una causa política, los tribunales han rechazado los recursos que pretendían archivar o modificar el cauce. El resultado es que Begoña Gómez se enfrentará a un jurado popular en un clima de máxima polarización. La elección de un especialista en este tipo de juicios no es casual: el jurado introduce un elemento de imprevisibilidad que exige una defensa técnica muy afinada, lejos de la dimensión más política que pudo tener la representación anterior.
Begoña ante la Historia
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Una causa que pone en evidencia las debilidades del entorno de Moncloa
Begoña Gómez cambia de abogado en un momento en el que el entorno más próximo al presidente acumula procedimientos. El juicio con jurado no es un trámite menor: implica que ciudadanos ordinarios valorarán si existió un presunto aprovechamiento de la posición privilegiada para obtener beneficios privados y si se desviaron recursos públicos. La acusación popular no solo pide 13 años de prisión; también solicita que Pedro Sánchez declare como testigo, una petición que eleva aún más la temperatura política del asunto.
El cambio de letrado es legítimo y forma parte del derecho de defensa. Sin embargo, el contexto en el que se produce invita a una reflexión más amplia. Cuando la esposa del jefe del Ejecutivo necesita recurrir a un especialista en juicios con jurado porque la Audiencia considera verosímiles los indicios de tráfico de influencias, el problema trasciende el caso concreto. Se trata de la percepción de que determinadas posiciones de poder generan un ámbito de impunidad o, cuando menos, de opacidad que termina resolviéndose en los tribunales.
La designación de Jaime Campaner, un profesional con experiencia en delitos económicos y en la defensa ante jurados, constituye la respuesta técnica a una situación procesal comprometida. Queda por ver si esa respuesta será suficiente para contrarrestar los indicios que la propia Audiencia ha calificado de verosímiles. Mientras tanto, el procedimiento sigue su curso y el juicio con jurado se acerca. La ciudadanía tendrá, a través de sus representantes en el jurado, la última palabra sobre unos hechos que afectan de lleno a la credibilidad de las instituciones.
