Begoña Gómez cambia de abogado en la recta final hacia el juicio con jurado popular. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado al penalista Jaime Campaner como su nuevo defensor en la causa que la investiga junto a su asesora Cristina Álvarez. Según fuentes jurídicas, el relevo sustituye a Antonio Camacho, el exministro socialista que la había representado desde el inicio de las pesquisas. El cambio, avanzado por varios medios y confirmado a Europa Press, se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara el pasado 16 de julio la decisión del juez Juan Carlos Peinado de tramitar el procedimiento por la vía del jurado.
La acusación popular, ejercida por Hazte Oír, pide 13 años de prisión para Gómez por dos presuntos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias. Los magistrados de la Audiencia de Madrid señalaron que “parece perfectamente verosímil sostener” que Gómez “logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra —de la UCM—, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto”.
Este movimiento procesal no es menor. Llega cuando el procedimiento entra en una fase decisiva y pone de relieve la complejidad de una causa que afecta de lleno al entorno más cercano del jefe del Ejecutivo. Mientras el Gobierno y el PSOE insisten en calificar el asunto de persecución política, los hechos judiciales avanzan con un aval superior que mantiene abiertas las acusaciones más graves.
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El relevo de Antonio Camacho y la llegada de un especialista en jurados
Begoña Gómez cambia de abogado de forma consensuada con quien hasta ahora había sido su letrado. Fuentes del entorno de la investigada han subrayado la “enorme gratitud” hacia Camacho por su rigor profesional durante un proceso complejo. Sin embargo, el momento procesal exige otra estrategia. Campaner, con despacho en Palma y Madrid, es un penalista especializado en delitos económicos y, de manera concreta, en juicios con jurado popular. Ha defendido a cargos públicos de distintas formaciones y, entre otros casos mediáticos, ha encabezado la defensa del futbolista Rafa Mir.
Nada más asumir la representación, el nuevo abogado ha comunicado el cambio al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y ha solicitado una ampliación del plazo —entre cinco y quince días— para estudiar el procedimiento y presentar el escrito de defensa. Se trata de un trámite previo a la apertura del juicio oral. El relevo se produce, por tanto, en un punto de no retorno: la Audiencia ya ha confirmado que existen indicios suficientes para que un jurado popular enjuicie a Gómez por tráfico de influencias y malversación.
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En un contexto de acumulación de frentes judiciales que afectan al entorno del presidente, este cambio de defensa adquiere un significado particular. No se trata solo de una decisión técnica; es una reorientación ante un tribunal compuesto por ciudadanos que deberán valorar los indicios de uso de la posición privilegiada de la esposa del jefe del Ejecutivo. La causa, recordemos, se centra en la cátedra de la Universidad Complutense y en el posible aprovechamiento de recursos públicos a través de la asesora Cristina Álvarez.
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Los indicios que la Audiencia considera verosímiles
Los magistrados de la Audiencia de Madrid no se limitaron a confirmar el cauce del jurado. Dejaron por escrito una valoración que pesa sobre la estrategia de la defensa. Consideraron “perfectamente verosímil” que Gómez hubiera desplegado su influjo desde la posición de esposa del presidente para obtener la cátedra de forma casi inmediata y sin los controles mínimos exigibles. Esa afirmación, contenida en la resolución que avala el juicio, constituye el núcleo de la acusación de tráfico de influencias.
Paralelamente, la Universidad Complutense ha reclamado la devolución de más de 100.000 euros por el presunto delito de malversación, una petición que se suma a la de la acusación popular. El procedimiento, que en su origen contemplaba cuatro delitos, se ha acotado a los dos que ahora se mantienen: tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía, por su parte, ha mantenido una postura favorable al archivo en fases anteriores, lo que genera un contraste evidente con las acusaciones particulares y con el criterio de la Audiencia.
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Este contraste alimenta el debate público. Mientras desde el Ejecutivo se habla de “lawfare” y de una causa política, los tribunales han rechazado los recursos que pretendían archivar o modificar el cauce. El resultado es que Begoña Gómez se enfrentará a un jurado popular en un clima de máxima polarización. La elección de un especialista en este tipo de juicios no es casual: el jurado introduce un elemento de imprevisibilidad que exige una defensa técnica muy afinada, lejos de la dimensión más política que pudo tener la representación anterior.
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Una causa que pone en evidencia las debilidades del entorno de Moncloa
Begoña Gómez cambia de abogado en un momento en el que el entorno más próximo al presidente acumula procedimientos. El juicio con jurado no es un trámite menor: implica que ciudadanos ordinarios valorarán si existió un presunto aprovechamiento de la posición privilegiada para obtener beneficios privados y si se desviaron recursos públicos. La acusación popular no solo pide 13 años de prisión; también solicita que Pedro Sánchez declare como testigo, una petición que eleva aún más la temperatura política del asunto.
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El cambio de letrado es legítimo y forma parte del derecho de defensa. Sin embargo, el contexto en el que se produce invita a una reflexión más amplia. Cuando la esposa del jefe del Ejecutivo necesita recurrir a un especialista en juicios con jurado porque la Audiencia considera verosímiles los indicios de tráfico de influencias, el problema trasciende el caso concreto. Se trata de la percepción de que determinadas posiciones de poder generan un ámbito de impunidad o, cuando menos, de opacidad que termina resolviéndose en los tribunales.
La designación de Jaime Campaner, un profesional con experiencia en delitos económicos y en la defensa ante jurados, constituye la respuesta técnica a una situación procesal comprometida. Queda por ver si esa respuesta será suficiente para contrarrestar los indicios que la propia Audiencia ha calificado de verosímiles. Mientras tanto, el procedimiento sigue su curso y el juicio con jurado se acerca. La ciudadanía tendrá, a través de sus representantes en el jurado, la última palabra sobre unos hechos que afectan de lleno a la credibilidad de las instituciones.
