Por Enrique J. Ortiz
Estoy de pie en la trinchera achicharrada de El Tarajal, donde el viento del Estrecho huele a plástico quemado, paranoia pura y café amargo. La frontera permanece reforzada, aunque no sé si lo suficiente, mientras la realidad se distorsiona en una espiral fluida de tensión extrema y caos latente. En las entrañas de Ceuta, el ambiente es simplemente asfixiante: la presión asistencial sobre los servicios locales roza el colapso y la inestabilidad social amenaza con detonar en cualquier momento. Hay aproximadamente 13.000 migrantes irregulares atrapados en la ciudad tras las brutales oleadas iniciadas en julio. La violencia no es una metáfora aquí; es un espectáculo salvaje de ataques directos a pedradas y embestidas contra los agentes de la Guardia Civil y los militares, aderezado con el fuego nocturno que devora chabolas y vehículos.
Al otro lado del espigón, en el palacio diplomático de Rabat, el Ministerio de Exteriores marroquí ha lanzado un comunicado largo y afilado como una navaja, cuestionando con indignación por qué se sigue señalando al reino alauí cuando no existe un solo dato, hecho o informe oficial que demuestre la implicación de sus autoridades en las entradas masivas. El nivel de surrealismo político se dispara cuando Rabat echa en cara a Madrid que el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitir a los migrantes irregulares y ha pedido de forma repetida el retorno de los menores no acompañados para devolverlos con sus familias, preguntándose abiertamente por qué España se empeña en mantener a esos chavales lejos de sus hogares.
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Mientras tanto, en la selva digital de TikTok, Facebook y WhatsApp, la mecha arde sin control. Todo comenzó con la viralización de un vídeo grabado en Madrid durante una protesta donde se dañaba una bandera marroquí. Ese incidente menor fue la chispa que desató la histeria: activistas e influyentes han convocado la denominada "Marcha de la Ira Nacional" para el 20 de septiembre de 2026, con destino a la Embajada de España en Rabat. La rabia digital ha mutado rápidamente en un frenesí nacionalista que exige a gritos la "liberación" y la soberanía de Marruecos sobre Ceuta, Melilla y las islas y peñones españoles. Todo este circo coincide estratégicamente con la recta final de la campaña para las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre, un escenario donde la clase política local utiliza el patriotismo radical como combustible electoral. Sin un respaldo oficial explícito de Rabat, los servicios de seguridad españoles sudan frío ante el temor de que esta agitación provoque saltos masivos a la valla aprovechando que la policía alauí estará desplegada en los colegios electorales. Para rematar la alucinación, en redes sociales ya operan grupos con más de 91.000 miembros organizando abiertamente una "migración masiva" a Ceuta fijada para el propio día de los comicios.
Y en mitad de este vendaval, el Gobierno de España actúa con la agilidad mental de un dinosaurio sedado. La historia roza la farsa tragicómica: inmediatamente después del asalto masivo a la frontera el 31 de julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario de Interior, Magnus Brunner, ofrecieron en bandeja el despliegue urgente de oficiales de Frontex. Brunner insistió machaconamente los días 30 de julio, 10, 12 y 17 de agosto ofreciéndose a intensificar el apoyo. ¿La respuesta del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska? Rechazar la ayuda una y otra vez alegando que los agentes europeos no eran una medida "práctica" para el control fronterizo, mientras el ministro eludía dar explicaciones ante el Congreso. Tuvo que pasar casi un mes de humillación para que Interior diera un volantazo vergonzoso y admitiera haber solicitado a la desesperada el apoyo de Frontex y Europol para labores de triaje.
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La parálisis en La Moncloa ha sido absoluta: se necesitaron 24 días de inacción total antes de acceder a crear un Mando Único coordinado por Ángel Víctor Torres para alinear a 11 ministerios, una medida que el presidente ceutí Juan Jesús Vivas llevaba suplicando desde que entraron 1.500 personas en una semana a finales de julio y tras la avalancha descontrolada de más de 70.000 entradas. Tardaron un mes entero en convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Y ahora, para tapar el desastre, el Ejecutivo se dedica a copiar torpemente la receta de la oposición: estudiando reformas a la Ley de Extranjería y de Asilo para agilizar devoluciones, prometiendo un plan de incentivos fiscales y rebajas de cotizaciones para Ceuta, y anunciando a bombo y platillo un plan de 35 millones de euros para elevar el espigón del Tarajal a 40 metros de altura cacareando que el 90% lo pagará la Unión Europea. Una exhibición pura de improvisación, miopía política y miedo escénico en la frontera sur de Europa.
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