El Ejecutivo de Pedro Sánchez movilizó cerca de 340 millones de euros en financiación pública para una gran desaladora en Casablanca mientras la flota estatal de aviones anfibios de gran capacidad opera con graves limitaciones. Con esa misma cantidad se podrían haber adquirido hasta siete aparatos nuevos del tipo DHC-515, esenciales en la lucha contra los grandes incendios forestales. La decisión pone de relieve un contraste entre las necesidades nacionales y las prioridades exteriores en plena temporada de alto riesgo.
La flota española de aviones contraincendios, al límite
España cuenta actualmente con una flota de 14 aviones Canadair CL-215T y CL-415, operados por el 43 Grupo del Ejército del Aire. Sin embargo, en plena campaña de alto riesgo de 2026 sólo entre seis y siete están operativos debido a la antigüedad de los aparatos (algunos con más de 40 años), averías recurrentes y el fracaso del programa de modernización. Hace ocho años la flota era de 18 unidades y se podían tener hasta 13 operativos simultáneamente.
El contraste resulta especialmente llamativo porque el Gobierno había prometido a las comunidades autónomas disponer de 14 aviones de este tipo (o al menos 10 operativos de forma estable) para la temporada de incendios. La realidad ha sido muy inferior, obligando incluso a solicitar ayuda internacional a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Cada uno de estos aviones anfibios de élite, capaces de cargar entre 5.500 y 7.000 litros de agua directamente de ríos, embalses o el mar, tiene un coste unitario de entre 50 y 55 millones de euros según los contratos recientes firmados por España, Grecia y Croacia para el nuevo modelo DHC-515. Dividiendo los 340 millones entre ese precio se obtiene la cifra de seis a siete aeronaves nuevas.
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Los nuevos DHC-515 no empezarán a llegar hasta 2028, por lo que la ventana de oportunidad de 2026 se ha cerrado sin ese refuerzo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha admitido las dificultades derivadas del envejecimiento de la flota y del incremento de las intervenciones, una situación que deja al descubierto la falta de anticipación en la renovación de medios esenciales.
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340 millones a Marruecos frente a las necesidades nacionales
La financiación española se destina a un proyecto de desalación en Casablanca mientras el sureste español sufre los efectos de los recortes en el trasvase Tajo-Segura y el conjunto del país afronta una temporada de incendios marcada por la escasez de medios aéreos de gran capacidad. Críticos de esas zonas han señalado la incoherencia de priorizar infraestructuras hídricas en Marruecos cuando las necesidades de extinción de incendios en el territorio nacional se ven limitadas.
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Aunque los 340 millones no son una donación a fondo perdido, el volumen de recursos públicos movilizados habría permitido renovar de forma significativa la capacidad operativa española frente a los incendios forestales, uno de los principales desafíos climáticos del país. La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de canalizar estos fondos a través de instrumentos como el FIEM, CESCE y COFIDES, con participación de Acciona, se produce en un momento en el que la flota propia apenas alcanza la mitad de su potencial teórico.
Esta orientación de recursos públicos hacia el exterior, cuando los montes españoles arden y los medios aéreos disponibles son insuficientes, genera un debate legítimo sobre la coherencia de las políticas de un Gobierno que ha situado la lucha contra el cambio climático y la protección del territorio como ejes discursivos, pero que en la práctica deja en segundo plano la renovación de la capacidad de respuesta inmediata.
Prioridades cuestionables en plena emergencia forestal
El contraste entre la movilización de 340 millones a Marruecos para obras hídricas y la situación real de la flota de aviones contraincendios ilustra una forma de gobernar que privilegia gestos exteriores sobre la defensa efectiva del patrimonio natural español. Mientras Marruecos avanza en su mayor desaladora africana con apoyo financiero español, en España solo entre seis y siete aparatos de gran capacidad permanecen listos para intervenir. La promesa de disponer de al menos diez unidades operativas de forma estable se ha quedado en papel mojado.
Los datos son claros: coste unitario de los nuevos DHC-515 entre 50 y 55 millones de euros, flota actual reducida a la mitad de su disponibilidad teórica, retrasos en la llegada de los nuevos aviones hasta 2028 y necesidad de recurrir al mecanismo europeo de protección civil. Todo ello en un año de alto riesgo de incendios y con las comunidades autónomas reclamando medios que no llegan. La decisión de destinar esos recursos a un proyecto en Casablanca, por muy retornables que sean los créditos, supone una renuncia temporal a reforzar la capacidad nacional en un ámbito crítico.
En definitiva, el Gobierno de Sánchez ha optado por financiar infraestructuras hídricas en el país vecino mientras la flota española de aviones anfibios opera al límite . Los montes arden y los números no engañan: con esos 340 millones se podían haber adquirido hasta siete aviones nuevos. La oportunidad se ha perdido.
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