JUCIL exige detener de inmediato la cesión del Puerto de Tarragona a los Mossos para instalar una base permanente de Policía Marítima. La asociación denuncia presuntamente un traspaso de competencias de facto en un puerto de interés general del Estado y reclama las actas y los dictámenes que expliquen el giro respecto al informe desfavorable de la Abogacía del Estado en 2024.
Sin cobertura legal ni necesidad funcional
La denuncia se centraría en las dependencias de la Policía Portuaria. En 2024, la Abogacía del Estado rechazó ceder espacio del mismo recinto a la Unidad Regional de Medio Ambiente de los Mossos porque esa unidad no tenía competencias en un puerto de interés general. Dos años después, con cambios políticos en la Generalitat y en la Autoridad Portuaria, se reabre la operación. JUCIL recuerda que el Texto Refundido de la Ley de Puertos (RDL 2/2011, arts. 69.3 y 72.2) exige una necesidad funcional objetiva; no valen la proximidad ni la conveniencia. En Tarragona ya existe una base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuerpo al que la LO 2/1986 reserva la custodia de estos recintos.
«La Guardia Civil ostenta legalmente la custodia de los puertos de interés general del Estado y dispone ya de una base del Servicio Marítimo plenamente operativa en Tarragona», afirma la directiva de JUCIL (comunicado).
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La cesión del Puerto de Tarragona como ensayo para Barcelona
Para JUCIL no es un episodio aislado, sino el primer capítulo de una estrategia ligada a las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a las fuerzas independentistas. El objetivo posterior, dice la asociación, sería repetir el esquema en el Puerto de Barcelona, en la misma línea de cesiones de control que ya se han discutido en otros enclaves estratégicos. «No se puede ceder patrimonio público ni entregar competencias a los independentistas por la vía de los hechos consumados. Hoy es Tarragona, mañana será el Puerto de Barcelona y el progresivo desmantelamiento del cuerpo en esta región».
GEAS, Seprona y explosivos: el repliegue que Interior llama «optimización»
El caso se suma al cierre del GEAS de L’Estartit —centralizado en Barcelona pese a las quejas de alcaldes de la Costa Brava—, al repliegue del Seprona y a la reorganización de unidades de explosivos. Interior presenta estas decisiones como ajuste de recursos; las asociaciones ven un vaciamiento físico de la Benemérita mientras los Mossos ganan terreno. JUCIL pedirá las resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y los informes de la Abogacía para aclarar qué ha cambiado entre 2024 y 2026.
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