Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 gracias a una moción de censura que invocaba la necesidad de «higiene democrática» frente a los casos que habían salpicado al Gobierno de Mariano Rajoy. Ocho años después, un informe del Instituto Juan de Mariana cuantifica una factura de 5.432 millones asociada a más de 20 tramas nacionales de presunta corrupción y opacidad vinculadas a su Ejecutivo y al PSOE según publica La Razón.
Las 12 tramas con impacto económico cuantificable
El anexo «El catálogo de la corrupción y la opacidad sanchista» del estudio «Blindaje Democrático» identifica 22 tramas de ámbito nacional a partir de más de 2.300 informaciones periodísticas. De ellas, doce presentan una cifra económica: 2.166 millones clasificados como confirmados por sentencias, organismos de control o gasto materializado, y 3.266 millones ligados a investigaciones judiciales todavía abiertas. La factura de 5.432 millones no incluye otros 5.000 millones en adjudicaciones opacas sin concurrencia, separadas precisamente para no equiparar falta de transparencia con corrupción según analiza Libertad Digital.
Entre los expedientes con mayor cuantía figuran como publica La Razón, las pérdidas de Correos (1.250 millones entre 2018 y 2023), el rescate de Plus Ultra y operaciones SEPI vinculadas a Zapatero (750 millones según valoración de la UCO), el caso Koldo-Ábalos (hasta 700 millones en obra pública bajo sospecha), las adjudicaciones de Cerdán-Servinabar (537 millones), Forestalia (500 millones de plusvalía estimada) y el fraude de fondos europeos investigado por la Fiscalía Europea (465 millones). También se recogen cerca de 300 millones del fraude del IVA en hidrocarburos, 148 millones en contratos a empresas de familiares de altos cargos y cantidades menores asociadas a Begoña Gómez o al CNIO.
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10 episodios de opacidad y captura institucional
Las diez tramas restantes carecen de valoración económica específica porque su gravedad residiría, según el Instituto, en la opacidad, la captura institucional o la mala praxis gestora más que en un desvío cuantificable. Entre ellas se encuentran los procedimientos relativos al hermano del presidente, el caso del fiscal general Álvaro García Ortiz, las controversias sobre la ley de nietos y el censo electoral, la trama de visados en consulados o la gestión de crisis como el accidente de Adamuz o la entrada de inmigrantes en Ceuta. El estudio excluye además al menos 16 expedientes autonómicos y municipales para no mezclar responsabilidades.
España, rezagada en los índices de transparencia
Los escándalos asociados a estos años han situado a España en el puesto 30 de 37 países de la OCDE en los World Governance Indicators del Banco Mundial y con 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2025 (puesto 49 de 182). Un estudio previo de Alcalá y Jiménez (2018) estimaba que mejorar la calidad institucional al nivel que correspondería al desarrollo español podría elevar la renta un 10,7 %, equivalente a unos 181.000 millones anuales adicionales (3.660 euros por habitante aplicado al PIB de 2025). En 2015 Sánchez reprochó a su rival: «Tiene que ser una persona decente, y usted no lo es».
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