La inseguridad jurídica espanta a los fondos que invierten en vivienda

Directivos de entidades con cartera residencial en España describen una retirada acelerada ante la inseguridad jurídica que, según ellos, abren los dos reales decretos de vivienda pactados por PSOE y Sumar. El Congreso prevé votarlos el viernes. El paquete recupera el escudo antidesahucios hasta 2030, topa rentas, prorroga contratos y limita compras institucionales hasta 2028.

Qué contienen los dos decretos que llegan al Congreso

El primero, ya publicado en el BOE, alarga hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa; regula temporada y habitaciones; prorroga dos años los contratos que vencen antes de fin de 2028; y restringe hasta esa misma fecha determinadas adquisiciones de entidades cuyo objeto social incluya comprar inmuebles —el Gobierno las etiqueta como «fondos buitre»—. También recupera el tope del 2% en las actualizaciones y retoca IRPF, IVA y socimis, con desgravación para inquilinos por debajo de 33.000 euros. El segundo texto, separado a petición de Sumar, plantea la renovación automática: el casero debería justificar la no prórroga o indemnizar.

La inseguridad jurídica que citan los inversores

Un alto cargo de un fondo con posiciones en la Península afirma que el sector ve España como un país «carente de seguridad jurídica» y que lleva meses deshaciendo exposición, con la hipótesis de una salida definitiva. Otro interlocutor, desde Londres, sostiene que «el riesgo regulatorio es inasumible» y que «hace más de un año que ningún inversor institucional quiere invertir en España». Ambos sitúan el origen en la reforma de la LAU de 2019 y en una ristra de decretos —varios rechazados en el Congreso— que, a su juicio, tienen sesgo «anti empresa». Les inquieta, además, que Junts y PNV «se dejan llevar por la calle» y que las protestas hayan derivado en disturbios, como los de Barcelona el lunes.

Menos piso y más tensión para quien alquila

«Sin empresas, sin particulares y sin vivienda pública, ¿Cuál va a ser el mercado de alquiler?», pregunta uno de ellos. El otro avisa de un resultado opuesto al que proclama el Ejecutivo: menos oferta, renta más alta y menos propietario dispuesto a alquilar a perfiles vulnerables. Moncloa sostiene que busca frenar la compra especulativa y orientar capital hacia vivienda asequible; Isabel Rodríguez llegó a decir que «quienes quieran vender, que le vendan al Estado o a Casa47». Queda por ver el voto de Junts y Podemos. Mientras tanto, la inseguridad jurídica no es un eslogan de pasillo: es el argumento con el que el capital institucional justifica que deje de construir y gestionar el parque que el Gobierno dice defender. El mismo Estado que no ataja la okupación pretende ahora decidir quién puede comprar y a quién se puede desalojar.

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