Un atestado de 231 páginas entregado al juez José Ignacio Vilaplana describe cómo allegados a cargos socialistas accedieron a la fundación pública andaluza sin concurso real y, tras extinguirse el ente, consolidaron empleo en la Junta.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que la colocación a dedo de parientes de dirigentes del PSOE en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) quebrantó los principios de mérito, capacidad e igualdad. El informe, remitido el 29 de julio, analiza diez expedientes dentro de una causa que alcanza a 84 contrataciones. Según ABC, «la entrevista personal, en los casos que se realizó, fue la única prueba para trabajar en la Faffe».
Cómo se ejecutó la colocación a dedo con dinero de los parados
La Faffe, creada en 2003 por el Gobierno de Manuel Chaves y dotada con unos 300 millones de euros públicos para formar desempleados, operó hasta 2011. Los agentes concluyen que los procesos se asemejaron a una «libre designación» y se hicieron «de manera arbitraria y discrecional». En correos internos, los mandos circulaban listados de personas «vinculadas familiarmente a cargos del PSOE» y pedían destruir los mensajes. El 16 de marzo de 2011, el director de Recursos Humanos, Antonio Jiménez Cuenca, envió presuntamente nombres de un hijo de exdiputada, una sobrina de Mercedes Rodríguez Piñero y la nuera de una alta cargo del Centro de Estudios Andaluces. No hay baremación de currículos ni anuncios legales exigidos a las fundaciones públicas. El patrón encajaría con otras pesquisas de la UCO sobre el clientelismo socialista.
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Contratos sobre la bocina para fijar plaza en la Junta
El Consejo de Gobierno acordó el 27 de julio de 2010 disolver la fundación e integrar a más de 1.600 empleados en el Servicio Andaluz de Empleo. Ramón H. R. y María Araceli G. E. presuntamente firmaron después de esa fecha. La UCO apunta que el fin era «el acceso a la opción de ser subrogados en el SAE», donde hoy figuran como personal laboral fijo. El exdirector Fernando Villén, condenado en 2023 a seis años de prisión por gastar 32.556 euros públicos en prostíbulos, dirigía presuntamente aquella estructura.
Vilaplana decide si el enchufe prescribe
El magistrado del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ya imputó en 2025 a 21 antiguos responsables por prevaricación y malversación. Ahora debe valorar si los hechos han prescrito. Quienes entraron sin oposición siguen cobrando del erario andaluz. El mérito quedó fuera; el parentesco, dentro.
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