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Esa defensa contable no cierra la tesis judicial: la urgencia y la discrecionalidad de una emergencia son, precisamente, el terreno que el magistrado quiere contrastar con el patrón de favoritismo a constructoras habituales. Mientras el sanchismo presenta cada requerimiento como rutina administrativa, la UCO sigue pidiendo cuentas en empresas públicas que el PSOE administró a su antojo, en la misma red de influencias que ya salpicó presuntas adjudicaciones e intermediarios próximos al aparato.
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