Los servicios jurídicos del Congreso consideran incongruente y potencialmente inconstitucional la enmienda de Sumar colada en una reforma educativa para modificar la ley de nietos y presumir el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955, en un movimiento que busca sortear la cautelar del Tribunal Supremo sobre el voto de parte de los nacionalizados.
Una enmienda de Sumar sin nexo con las aulas
El informe del letrado de la Comisión de Educación, al que han tenido acceso varios medios, examina la enmienda número 63, registrada en el proyecto que reforma la Ley Orgánica de Educación y las condiciones de la docencia no universitaria. Esa propuesta pretende tocar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Según el texto jurídico, «su tenor literal resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar» y «no existe el mínimo punto de conexión material». Añade que, «a efectos formales, ha sido presentada sin justificación alguna». La norma educativa versa sobre ratios, jornada lectiva y condiciones de los docentes; la enmienda de Sumar, sobre nacionalidad y presunción de exilio.
La instrucción de Puente y la cautelar del Supremo
El origen está en la instrucción de Sofía Puente, que reinterpreta la ley de 2022 y amplía su alcance al tratar como exiliados a quienes abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El Supremo suspendió cautelarmente el derecho de sufragio de una parte de esos inscritos mientras no acrediten el vínculo con el exilio. La formación magenta pretende elevar esa presunción a rango legal e incluir, según el texto anunciado, causas económicas o sociales. Los letrados recuerdan la doctrina del Constitucional: si falta conexión material, podría vulnerarse el artículo 23 de la Constitución, en su vertiente de participación de los diputados en el procedimiento legislativo.
La Mesa de Educación decide si fuerza el trámite
El Reglamento no limita de antemano el contenido de las enmiendas, pero el informe deja el criterio sobre la mesa. Fuentes del PP celebran que los letrados pongan «negro sobre blanco» lo que denunciaban: una «enmienda intrusa» para «modificar por la puerta de atrás la llamada ley de nietos». Génova sostiene que «una ley de Educación no puede convertirse en el caballo de Troya» y que «no todo vale para intentar sortear a los tribunales». Corresponde ahora a la Mesa de la Comisión —con mayoría del bloque que sostiene al Gobierno— admitir o no el texto. Si lo fuerza, PSOE y Sumar habrán de explicar por qué ignoran el criterio jurídico de la Cámara. El PP, que durante años convivió con esta arquitectura normativa, llega tarde a un debate que ya está en el Supremo y en el Senado.
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