El Palacio de la Moncloa ha fijado ya una línea para la defensa de Begoña Gómez: invocar la doctrina Botín en las cuestiones previas del juicio. El objetivo es impedir que una parte de la malversación llegue al banquillo, al no acusar ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, y dejar preparado el recurso ante el Supremo.
La doctrina Botín que Moncloa quiere llevar al banquillo
El Supremo sentó en 2007, en el asunto de las cesiones de crédito de Emilio Botín, que no cabe abrir juicio oral si solo queda la acusación popular y no hay perjudicado que reclame reparación. Entonces Manos Limpias quedó sola y la causa no se sostuvo. En el entorno de Pedro Sánchez insisten en que «hay jurisprudencia». La Fiscalía pide la absolución de Gómez; la Abogacía del Estado, personada, ha empujado al archivo. Esa coincidencia es el núcleo del plan. Lo relató OK Diario.
El bloque de Cristina Álvarez y el escollo de la Complutense
La jugada no cubre todo el expediente. Apunta al tramo de malversación ligado a los servicios de Presidencia y a la asesora Cristina Álvarez. Ahí, según fuentes de Moncloa, encajaría la doctrina. El obstáculo es la Universidad Complutense, personada como perjudicada por 113.509,52 euros: ese daño impide dar por cerrado el conjunto, aunque sí permite intentar recortar el bloque de la asistenta. Las acusaciones piden 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez.
Atutxa deja vivo el tráfico de influencias y apunta al Supremo
Un año después de Botín, la doctrina Atutxa matizó el criterio: en delitos de interés colectivo, sin víctima concreta, la acusación popular sí puede sostener la causa. Moncloa admite que ese matiz mantiene entero el tráfico de influencias. La primera fase busca frenar parte de la malversación; la segunda, convertir esas cuestiones previas en argumento ante el Tribunal Supremo si el proceso se alarga. Gómez se prepara, además, para un juicio con jurado popular. El Gobierno del PSOE no espera el veredicto: busca antes el recorte procesal.
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