El Ministerio de Transportes opera casi paralizado. Interventores, abogados del Estado y técnicos estarían evitando firmar las órdenes políticas de Puente por temor a responsabilidades penales cuando cambie el ciclo. Queda un solo interventor en funciones, el de Hacienda, porque la ley lo obliga.
Un ministerio convertido en aparato personal
Según Vozpópuli, Transportes —el departamento de mayor presupuesto— se ha vaciado de controladores profesionales. Quienes permanecen se niegan a rubricar “instrucciones que nada tienen que ver con criterios profesionales, sino políticos y personales”. El ministro ha verbalizado su pretensión de suceder a Pedro Sánchez; dentro del edificio eso se traduce en lealtad de camarilla, no en servicio público. El PP observa y no exige depuración seria del aparato que heredó del sanchismo.
Purgas, clan de Valladolid y rastro de Ábalos
El rediseño de julio pasado, justificado como “limpieza” del legado de José Luis Ábalos, suprimió la Unidad de Emergencias y Prevención de Accidentes y colocó a Belén Villar y a cargos salidos del Ayuntamiento de Valladolid. Un informe policial de Régimen Disciplinario apuntó a expedientes prefabricados. Salieron Angélica Martínez Ortega, José Manuel Gómez —el subsecretario que tramitó la oferta de mascarillas llegada por Koldo— y el abogado del Estado Rafael Domínguez, enviado a Correos bajo Pedro Saura, señalado en el rescate de Plus Ultra.
Las órdenes políticas de Puente y el miedo a firmar
Solo queda un interventor operativo. Guerra Posadas, sucesor de Gómez, dirigió la asesoría jurídica municipal de Puente. Irene Bonet pasó a Adif. Santos Cerdán alimentó la carrera sucesoria del ministro en abril de 2024. El Estado no puede funcionar si los que deben fiscalizar huyen de las órdenes políticas de Puente.
Con Transportes paralizado por miedo a rubricar sus instrucciones y con el control técnico en retirada, no se entiende que Puente continúe al frente del ministerio ni que aún no haya dimitido.
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