El presidente del Gobierno exige más agentes y cortes de calles cada vez que asiste a un pleno. Una «instrucción de servicio» de la Iª Unidad de Intervención Policial, a la que habría tenido acceso El Español, manda desviar a los viandantes, vaciar el entorno del Palacio de las Cortes e impedir que nadie se detenga junto al edificio. JUPOL, que recoge el malestar de agentes de la UIP, califica el operativo de «absolutamente desproporcionado».
"La Policía Nacional está para garantizar la seguridad y proteger los derechos de todos los ciudadanos, no para convertir el entorno de una institución democrática en un espacio prácticamente inaccesible cada vez que acude el presidente del Gobierno"
La instrucción que impone cortes de calles y desvía al peatón
El protocolo, titulado «Sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados», se activa cuando Sánchez acude al hemiciclo y se coordina con la Comisaría Especial de la Cámara. El propio texto atribuye el cordón ampliado a «instrucciones dispuestas por la Jefatura Superior de Policía de Madrid».
Antes de la llegada, y previo aviso de esa comisaría, se cierran cinco puntos de los alrededores. El «personal del Congreso» colabora y se hace cargo «de las aceras contiguas al edificio». Pueden permanecer quienes estén habilitados por la Cámara, además de vecinos y comerciantes de la zona interior. El resto es desviado a vías «alternativas», entre ellas Santa Catalina y Fernanflor.
Prohibido pararse mientras el presidente permanece dentro
Con Sánchez ya en el interior se reabre el paso peatonal, pero la orden obliga a ir «impidiendo que se detengan personas (en grupo o individuales)». Si la estancia se prolonga en exceso, el responsable de seguridad puede devolver el servicio a los parámetros ordinarios. Antes de la salida se restablecen los cortes; cuando abandone «la zona de influencia inmediata», el despliegue se levanta y vuelve a regir la Instrucción de Servicio I.10.
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JUPOL: un operativo que restringe el derecho a circular
«La Policía Nacional está para garantizar la seguridad y proteger los derechos de todos los ciudadanos, no para convertir el entorno de una institución democrática en un espacio prácticamente inaccesible cada vez que acude el presidente del Gobierno», sostiene JUPOL. El sindicato pide a la Dirección General de la Policía que aclare quién dictó la instrucción, «qué criterios objetivos justifican su aplicación y qué garantías evitan restricciones excesivas». Invoca el artículo 19 de la Constitución. El mayor celo protector, apunta El Español, ya llamó la atención en las vacaciones de La Mareta y coincide con un aumento de la contestación en la calle, también visible en las visitas de ministros a Ceuta.
