La asociación Jucil Vizcaya ha difundido un vídeo de unos 96 segundos grabado de día en el casco antiguo de Donostia. En él se ve una columna con ikurriñas, banderas blancas, humo de bengala y una pancarta que reclama amnistía total y la salida a la calle de los presos. El texto del post traduce esa consigna y la sitúa en las Vascongadas, con una acusación directa: España sería el único país de Europa donde se admite ese espectáculo. Frente a la marcha, recuerda a los 100 guardias civiles asesinados en Guipúzcoa.
La pancarta recorre el centro a plena luz
Las imágenes recorren una calle peatonal flanqueada por soportales, una iglesia de piedra y locales como una bodega de pintxos. Delante avanza la lona roja y blanca con el lema en euskera «Presoak kalera» y «AMNISTIA OSOA». Hay menores con camisetas de la Real Sociedad, vecinos que circulan en bicicleta y humo que cubre el cortejo. El clip cierra con la firma de la cuenta «Lo que no te cuentan de Donosti» y el lema «La lucha continúa».
Jucil Vizcaya resume así lo que se oye y se lee: «Presos de la calle, amnistía total».
No hay en esas imágenes ni disolución visible ni un corte institucional del acto. Lo que sí hay es una reivindicación nítida, en vía pública y a la vista de quien pasea.
Ese paisaje no es un detalle folclórico. Es la normalización de una demanda que, en cualquier democracia europea seria, chocaría con la memoria de quienes fueron asesinados por la banda. El Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de izquierda han convertido la impunidad simbólica en moneda de supervivencia parlamentaria; el PP, cuando ha gobernado o pactado en Euskadi, ha preferido no romper el relato de la «convivencia» a cualquier precio.
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La amnistía total frente a los 100 de Intxaurrondo
La misma publicación no se queda en la pancarta. Añade: «Solo en Guipúzcoa, estos criminales asesinaron a 100 guardias civiles. Conocidos como los 100 de Inchaurrondo». Esa cifra —la que Jucil escribe y atribuye a la provincia— es el contrapunto de la amnistía total que se pide a gritos entre banderas.
Intxaurrondo no es un nombre abstracto: es el acuartelamiento de la comandancia de la Guardia Civil en San Sebastián, el destino que concentró la lucha antiterrorista y el duelo de un cuerpo diezmado en esa tierra. Pedir ahora, en esas mismas calles, que los presos salgan y que se borre la deuda penal no es un debate académico. Es una ofensa calculada a las viudas, a los hijos y a los compañeros que aún sirven con el uniforme verde.
Quien observe el vídeo sin el filtro de la izquierda verá lo que el post denuncia con una sola palabra: «Asesinos». La consigna no habla de reinserción puntual ni de un permiso tasado; habla de amnistía total. Mientras tanto, el mismo Estado que multa o persigue otras protestas deja que esta recorra el centro. ETA no se ha ido del espacio público, aunque el PSOE prefiera vender el final del relato.
Una excepcionalidad que Jucil sitúa solo en España
«España es el único país de Europa en el que se permite esta porqueria», escribe Jucil Vizcaya. La frase es dura y es, a la vez, el núcleo político del recorte: no se discute solo una manifestación, se discute que el Estado acepte como rutina lo que en Francia, Italia o Alemania se trataría como apología intolerable.
Esa excepcionalidad no cae del cielo. Es el resultado de años de cesiones al nacionalismo radical, de una izquierda que llama «presos vascos» a condenados por terrorismo y de un Ejecutivo que necesita esos votos para sostenerse.
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