La instrucción de la magistrada María Tardón sobre la entrada de 72.000 personas en Ceuta el 30 y 31 de julio apunta ya a documentación reservada. Si el Consejo de Ministros se niega a desclasificar secretos oficiales, las partes personadas podrán impugnar esa negativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Tardón pide alertas, satélites y el rastro de la convocatoria
La Audiencia Nacional ha reclamado a Policía, Guardia Civil y mandos militares quién recibió cada aviso, con fecha y hora, y qué medidas se adoptaron. Ha pedido al EMAD las imágenes satelitales del 20 de julio al 7 de agosto sobre Fnideq y El Trampolín, y ha abierto una pieza tecnológica secreta dirigida a Meta, WhatsApp, TikTok, Telegram, Google y Apple. También ha citado a Juan Jesús Vivas y a Gonzalo Sanz. El 7 de septiembre el tribunal se declaró competente al apreciar un ataque a la integridad territorial. El informe del CENIF, asumido por la Policía, sostiene que Marruecos «fomentó», «impulsó» y «dirigió» el flujo.
Sin desclasificar secretos oficiales, decide el Supremo
Parte de ese material puede quedar bajo la Ley de Secretos Oficiales. Fuentes judiciales explican que la juez debe dirigir una exposición razonada al Consejo de Ministros, conforme al artículo 196 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si el Ejecutivo dice no, «podría haber prevaricación». El Alto Tribunal no instruiría la causa penal: revisaría si el veto es conforme a derecho. En 2018, con Kitchen —operativo del Interior del PP—, el Gobierno sí levantó el secreto. En los papeles del CESID sobre los GAL, el Supremo obligó a una desclasificación parcial.
El recorte de Moncloa no cierra la causa
El 8 de septiembre el Consejo de Ministros desclasificó presuntamente de forma incompleta notas del CNI, un informe del CIFAS y conversaciones con la Delegación. Ese gesto, vendido como transparencia, no agota lo que Tardón sigue reclamando al CNI. La instructora examina además al delegado Miguel Ángel Pérez Triano por prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y denegación de auxilio. Marlaska llegó a escribir al CGPJ contra la jueza. Publicar a la carta no es rendir cuentas.
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