El Gobierno de Ceuta ha decidido retrasar la actividad lectiva en las guarderías de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años. La medida, comunicada el lunes por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, se justifica por la situación abierta desde finales de julio, cuando miles de personas cruzaron desde Marruecos. La crisis migratoria no es un titular lejano: alcanza ya al primer ciclo educativo.
Los centros afectados son Nuestra Señora de África y Juan Carlos I. Ninguno comenzará con alumnado al menos hasta el 28 de septiembre. En el primero se ultiman limpieza, mobiliario y la puesta en marcha. En el segundo faltan trámites de adjudicación del servicio. El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas —del PP— sostiene que trabaja para abrir «con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad» y pide comprensión a las familias.
Esa demora escolar choca con otra imagen de la misma ciudad: la de los enviados de Moncloa, más atentos a su propio perímetro que a devolver la calle a quienes viven en ella. El contraste alimenta un debate que el PSOE y sus socios evitan: quién paga el coste de una frontera que no se sostiene.

Ferraz pide a sus alcaldes no ir a las concentraciones por Ceuta. Una decena de regidores socialistas y el PSOE ceutí desoyen la consigna de boicot.
Las escuelas infantiles, otra víctima de la crisis migratoria
Aplazar un mes el arranque de las guarderías no es un detalle administrativo. Es la confesión de que los servicios básicos no recuperan el pulso. El Gobierno autonómico agradece la «comprensión y colaboración» de los padres, pero no aclara cuándo la seguridad dejará de ser una excusa para retrasar lo que en cualquier otra ciudad española se da por sentado: que un niño de dos años pueda ir a su centro.
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La izquierda gobernante en Madrid habla de derechos y de infancia cuando conviene. En Ceuta, sin embargo, los menores residentes quedan en segundo plano mientras la presión irregular desborda plantillas, calles y recursos. El PP local, que lleva años al frente de la ciudad, se limita a gestionar el retraso y a esperar «garantías» que dependen, en la práctica, del Ministerio del Interior.
Torres y Calvo exigieron patrullas fijas ante sus hoteles
El pasado fin de semana coincidieron en Ceuta el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, número dos de Fernando Grande-Marlaska. Según fuentes policiales citadas por La Razón, ambos pidieron un plus de vigilancia sobre el dispositivo que ya les correspondía.
Calvo se alojó en el Parador y requirió «el establecimiento de una patrulla aparcada en el entorno» para asegurar el inmueble. Torres pidió que un «zeta» pasara toda la noche ante el hotel Ulises. Esos coches se sumaban a la escolta habitual y al dispositivo especial —vehículos camuflados, más escoltas, mayor vigilancia— que la Jefatura monta cuando llega un cargo de relevancia.
Torres encabeza además el mando único del Ejecutivo central ante la crisis. El mensaje práctico es elocuente: el Gobierno de Sánchez blinda a sus ministros en una ciudad donde las familias no tienen fecha firme para las guarderías.

En Ceuta hay intoxicados por cocaína en urgencias, un gasto aéreo disparado y una pregunta que el Gobierno no responde: quién paga esa droga.
La Policía retiró el «punto fijo» para no dejar las calles
En la noche del domingo al lunes, la Jefatura Superior de Policía en Ceuta ordenó cesar ese «punto fijo». El motivo no fue menor: menguaba las capacidades y afectaba al servicio de seguridad ciudadana en unas calles donde, un mes después, siguen miles de inmigrantes. La entrada irregular se cifra en torno a 80.000 extranjeros por la frontera del Tarajal.
Como alternativa, una patrulla debía pasar de forma periódica ante los dos establecimientos. Los mandos, según el mismo relato, están hartos de apartar efectivos de su trabajo principal para escoltar a políticos de visita. Lo consideran contraproducente con las plantillas desbordadas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) añade otra queja: Interior pide esos esfuerzos y, a la vez, deja sin respuesta reivindicaciones laborales, incluida la sarna.
Mientras el PSOE exhibe visitas y comunicados, y el PP ceutí pospone aulas de 0 a 3 años, la prioridad real se midió en metros de acera frente a un parador y un hotel. Quien siga la secuencia de la crisis en Ceuta encontrará el mismo patrón: más gesto que control efectivo de la frontera.








