La alerta sanitaria en Ceuta ha sumado un frente que los facultativos describen como especialmente peligroso para quienes trabajan en urgencias: el consumo de cocaína, cannabis y benzodiacepinas entre inmigrantes que siguen en la ciudad un mes después de la entrada irregular del 30 y 31 de julio. A las atenciones por enfermedades se añadirían ahora cuadros de intoxicación y un aumento de heridos por riñas de todo tipo.
El contraste es político y presupuestario. Mientras las urgencias absorben esa presión, el Ministerio de Sanidad mantiene externalizado el transporte sanitario aéreo en helicóptero con una UTE señalada por irregularidades y con un coste que El Debate cifra en 11,9 millones de euros, frente a los 2,4 millones de 2014. Ni el PSOE ni el PP —este último cuando gestionaba el INGESA— han resuelto el abandono estructural de una ciudad cuya sanidad depende de Madrid.
La alerta sanitaria en Ceuta se agrava con cocaína y cannabis
Los sanitarios alertan de que crece el número de inmigrantes tratados en urgencias por peleas, incluidas las de arma blanca, y de que el consumo de drogas genera una atención «aún más peligrosa» por el estado de alteración de los pacientes. El mismo relato sitúa esas intoxicaciones junto a casos previos de sarampión, varicela o neumonías.
Un informe citado por OK Diario sobre menores no acompañados atendidos en Ceuta entre junio y agosto de 2025 señaló que el 32,12% de los adolescentes observados parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia, entre ellas cannabis, benzodiacepinas, pregabalina, MDMA o cocaína. No es un dato de las últimas horas, pero sí un antecedente que encaja con lo que ahora llega a urgencias.
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La pregunta que el Gobierno evita es elemental: quién suministra esa droga en una ciudad saturada, y cómo se financia un consumo que no encaja con el relato de indigencia absoluta. Quien paga cocaína no está, por definición, sin recursos para priorizar comida o higiene.

Sánchez niega contradicciones en la crisis de Ceuta, exonera a Marruecos, admite informes del CNI y anuncia 6.000 plazas un mes después de la avalancha.
¿Quién les pasa la droga si hay dinero para pagarla?
La pregunta no es retórica. Si hay cocaína en el cuerpo, alguien la ha vendido y alguien la ha pagado. Ese dinero no aparece en la cola del alimento ni en la petición de un cargador. Quien puede sufragar un consumo de ese tipo podría destinarlo a comida, a un móvil o a no dormir a la intemperie. El Gobierno de Sánchez no aclara la cadena de suministro; se limita a hablar de vulnerabilidad.
OK Diario apunta que las mafias han abierto un nicho junto al tráfico de personas. La Policía Nacional desarticuló en agosto dos redes que sacaban de noche hacia la Península a quienes entraron el 30 y 31 de julio; el precio habría llegado a 9.000 euros por plaza. No es coherente presentar como indigentes sin un euro a quienes pagan ese pasaje o una dosis. La alerta sanitaria en Ceuta empieza también en esa contradicción, que la izquierda niega y que el PP local no ha forzado a explicar con datos.

El mando único deja a miles de inmigrantes junto al agua, el combustible y un polvorín en Ceuta, mientras policías denuncian el maquillaje de la delincuencia.
Mafias, hachís y un negocio que crece en la frontera
Las mafias han hallado un nicho añadido al tráfico de personas. En agosto, la Policía Nacional desarticuló dos redes que sacaban de noche hacia la Península a quienes habían entrado en la avalancha; el precio habría llegado a 9.000 euros por persona. Ceuta, además, ya era plaza del tráfico de hachís desde Marruecos.
Desde el 30 de julio entraron de forma irregular, según las estimaciones que maneja esa información, entre 70.000 y 80.000 personas; miles permanecen un mes después. El hacinamiento, la calle y la higiene deficiente obligaron a Sanidad a una campaña de 45.000 dosis —15.000 de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, varicela y polio cada una— porque se desconoce el calendario vacunal de buena parte de los llegados.
Sanidad ha reconocido, tras las denuncias de los propios sanitarios, tuberculosis, varicela, gastroenteritis y sarna, aunque insiste en que el riesgo para la población ceutí es bajo. Mónica García visitó la ciudad el 16 de agosto, dos semanas tarde, y afirmó que no se había alterado la atención ordinaria. La asistencia lo negó. Las ministras que no respaldan a Ceuta han preferido el relato a la sala de espera.
Helicóptero cinco veces más caro bajo Mónica García
Ahora hablemos de dinero público. Con Sánchez al frente e INGESA dependiente de Sanidad, el transporte aéreo sanitario de Ceuta pasó de 2,4 millones en 2014 (Inaer Helicópteros, etapa del PP en el instituto) a un contrato de 11 millones en 2018 y a 11,9 millones en 2024, de nuevo para la UTE Eliance-Hélity. El salto coincide con el relevo de Fernando Pérez-Padilla por Jesús Lopera, colocado presuntamente por el PSOE.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales excluyó a Babcock y dejó a la UTE como única candidata. El Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos denunció que el aparato «no dispone de una medida esencial de seguridad para volar sobre el mar, como son los flotadores, y que pide explícitamente el contrato con la administración». Extrabajadores hablaron de plantillas insuficientes y turnos excesivos: «si falta el único enfermero o médico que hay, el servicio se queda solo». Médicos de Ceuta tildan a Lopera de «comisario político» y recuerdan que se vacunó del Covid antes de completar residencias y plantilla.
Gastar cinco veces más en el helicóptero no ha evitado la saturación de urgencias. La izquierda que predica sanidad pública encarece el contrato y niega el colapso; el PP, cuando tuvo el INGESA, ya externalizó el servicio. El resultado es el mismo: Ceuta paga la factura y Madrid administra la narrativa.








