El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado que llevará su propia ponencia —sobre el recurso de Dolors Bassa— al Pleno de octubre para aplicar la amnistía de la malversación del procés. El movimiento busca adelantar el borrado penal y la vuelta de Carles Puigdemont, un escenario que daría margen a Pedro Sánchez para negociar unos Presupuestos que el Gobierno no presenta desde 2023.
El TC tumba la tesis del Supremo y rompe la tradición de la Corte
La primera deliberación sobre los recursos de los líderes del procés condenados por el Supremo e inhabilitados terminó este martes sin acuerdo. El magistrado José María Macías, ponente del recurso de Jordi Turull, sostenía que el Alto Tribunal acertó al negar el perdón: entendió que hubo beneficio personal al destinar fondos públicos a financiar el 1-O. Frente a esa tesis se alinearon siete magistrados, con Conde-Pumpido al frente, partidarios de aplicar sin matices la norma impulsada por el Ejecutivo de Sánchez a la medida de Junts.
Macías aceptó rehacer su texto según la mayoría y formular un voto particular. Aun así, el presidente del órgano presentará su sentencia sobre Bassa, en contra de la tradición de la Corte, para dejar resuelta en esa fecha la amnistía de la malversación del primero de los condenados.
La amnistía de la malversación marca el camino del resto
Con una previsible mayoría de siete a cinco, el criterio se extendería al resto de afectados en la misma situación que Turull y Bassa —entre ellos Oriol Junqueras y Raül Romeva— y a los procesados Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig. Fuentes del Tribunal Supremo anticipan que el juez Pablo Llarena levantaría la orden nacional de busca y captura sin esperar el amparo propio del prófugo, que en octubre de 2017 se escapó a Bélgica oculto en el maletero de un coche.
Queda la incógnita de si Puigdemont se presentará antes de que el fallo se publique en el BOE y se notifique al Supremo —con el riesgo de detención, como ocurrió con Clara Ponsatí— o si esperará el trámite de Llarena.
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Junts celebra una «enmienda» al Estado mientras Sánchez busca oxígeno
Jordi Turull afirmó que la decisión del tribunal que preside Conde-Pumpido es una «desautorización absoluta» a los «jueces activistas» y «una enmienda a la totalidad de la represión del Estado español». Oriol Junqueras añadió que «ya no hay excusas» y que octubre debe marcar el inicio del retorno. Esas palabras confirman que la ley no cierra el conflicto: lo convierte en palanca. El Ejecutivo socialista, con la legislatura agotada y sin cuentas nuevas en cuatro ejercicios, necesita ese gesto para sostener los pactos con el separatismo antes de fin de año.
